Una multitud reclamó en Córdoba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Nuevamente, como en las cuatro marchas federales anteriores, una multitud dijo presente en las calles de Córdoba para reclamar por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU) y la recomposición salarial de docente y nodocentes. Se estima que alrededor de 120 mil personas marcharon este jueves 15 de octubre.

En esta oportunidad, la demanda también incluyó el recálculo de las partidas para las universidades previstas en el proyecto de presupuesto 2027, que el Gobierno Nacional ya giró al Congreso. Ocurre que esos montos no contemplan la recuperación de las pérdidas acumuladas y son aproximadamente un 33% menores a las necesidades calculadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La “V Marcha federal universitaria: por la educación, la soberanía y la democracia” ocurre el mismo día que la Justicia Nacional suspendió la aplicación de multas económicas al Gobierno Nacional por el incumplimiento de la LFU. La medida fue adoptada en respuesta a un reclamo interpuesto por el Ministerio de Capital Humano.

Además de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Provincial de Córdoba, esta medida de visibilización también contó con la participación de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), la Asociación Gremial “General San Martín”, así como organizaciones de ciencia, gremios de otros sectores, organizaciones sociales y de jubilados.

Como en ediciones anteriores, la concentración inició en Ciudad Universitaria y la columna central se desplazó hasta Plaza España y bajó por Hipólito Yrigoyen hasta la ex Plaza Vélez Sársfield. Allí la multitud asistió a la lectura del documento “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”, el mismo que se recitó en el resto del país.

En su lectura se alternaron Inés Pastorino (Gremial San Martín), David Rincón (UTN-Córdoba), Laura Mercado (UPC), Leticia Medina (Adiuc) e Inés Pioli (FUC). En sus primeros párrafos advierte que el incumplimiento de la ley por parte del gobierno nacional “nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”.

“Este gobierno vino a romper un consenso fundamental de la sociedad Argentina que siempre creyó en la educación”, puntualiza en otro tramo. Y remarca que el presupuesto presentado al Congreso (menos del uno por ciento del PBI) es el “más bajo de la historia en materia educativa”.

Al analizar la situación de las ayudas económicas, el pronunciamiento advierte un “severo deterioro” del sistema de bienestar estudiantil. “Desmantelar el sistema de becas no constituye una mera meta de equilibrio fiscal; representa una política de deserción forzada que amenaza con transformar a la universidad pública, una vez más, en el privilegio de unos pocos”, señala.

Respecto a la situación de docentes y nodocentes, el texto alerta sobre el “persistente deterioro del poder adquisitivo de los salarios y una alarmante precarización” de sus condiciones de vida.

Al trazar un crudo diagnóstico de la situación actual, el documento enfatiza que las universidades y el sistema científico-tecnológico “no están discutiendo, hoy, sus márgenes de expansión o crecimiento, sino la preservación de las condiciones mínimas de existencia”.

En esa línea, remarca que las casas de estudios están en riesgo de no poder sostener sus funciones durante 2027. “Argentina va a terminar, por tercer año consecutivo, con uno de los gastos públicos en educación superior más bajos de América Latina”, completa.

El texto concluye con una última sentencia: “Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social”.