La UNC advirtió sobre un colapso funcional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) volvió a reclamar el cumplimiento efectivo y pleno de la Ley  27795 de “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, que fue aprobada por el Congreso Nacional, ratificada por ambas cámaras legislativas tras su veto y todavía es objeto de una disputa judicial con el Poder Ejecutivo Nacional.

El pronunciamiento de la Casa de Trejo se materializó a través de una declaración aprobada por unanimidad y sobre tablas en el Consejo Superior, que aportó un extenso y pormenorizado análisis del cuadro de situación que atraviesa el sistema público argentino de educación superior.

En el documento, representantes de todos los claustros entendieron que el incumplimiento de la “actualización salarial y la recomposición de programas de becas estudiantiles se traduce en actitudes conducentes a un colapso estructural y funcional del sistema universitario”. El texto recuerda que entre noviembre de 2023 y abril de 2026, los salarios del personal universitario registraron una pérdida del 34,2 % en términos reales.

“La sustantiva degradación de los ingresos afecta las condiciones de vida y de trabajo” de todo el personal, al tiempo que “compromete las posibilidades de las universidades de garantizar una educación de calidad, desarrollar investigación científica y tecnológica, sostener sus programas de extensión y cumplir las funciones sociales y sanitarias que desempeñan a través de sus hospitales y centros de atención”, completa.

A ese delicado cuadro de situación se suma la discusión en torno al presupuesto nacional 2027. La declaración de la UNC hace foco en la brecha existente entre los fondos consignados en el proyecto elevado por el Gobierno Nacional y las proyecciones del CIN, que cifran en 11 billones de pesos lo necesario para el normal desenvolvimiento de todo el sistema universitario.

La distancia entre ambos montos, sostiene el documento, profundiza la incertidumbre respecto a las condiciones de funcionamiento de las casas de altos estudios el próximo año.

En otro tramo, la declaración de la UNC reafirma que el cumplimiento de las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, así como el respeto de los principios constitucionales, conforman pilares fundamentales del Estado de derecho.

Bajo esa mirada, entiende que el financiamiento de la educación universitaria pública se encuentra “directamente vinculado con el derecho a la educación, el desarrollo científico y tecnológico, la igualdad de oportunidades, el federalismo y la construcción de una sociedad democrática”.

Por todo ello, ratifica que el cumplimento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y debe asegurar la recomposición y actualización salarial de todo el personal, el financiamiento de las becas estudiantiles y de los hospitales universitarios.

Finalmente, el texto reclama que el presupuesto 2027 tome como referencia la propuesta elaborada por el CIN para garantizar el funcionamiento del sistema y se actualice conforme a la evolución de la inflación, los salarios y las necesidades coyunturales.

El pronunciamiento de la Casa de Trejo ocurre el mismo día que el fallo del magistrado Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a través del cual intima al Gobierno Nacional a cumplir plenamente con la cautelar que ordena la aplicación total de la Ley de Financiamiento Universitario.

Como se recordará esa medida cautelar hacía foco particularmente en los artículos 5 y 6, relativos a la recomposición salarial de los trabajadores universitarios y de las becas estudiantiles. El fallo intima al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con la normativa en un plazo de cinco días, bajo pena de comenzar a aplicar multas económicas.

Sobre esta novedad, al inicio de la sesión el rector de la UNC, Jhon Boretto, consideró que la decisión “es un paso importante y ratifica nuevamente que las universidades nacionales tienen razón en este planteo que llevaron a la justicia”.

Boretto también adelantó que de cara a los debates en el Congreso Nacional por el presupuesto 2027, las universidades nacionales de Villa María, Río Cuarto, Río Tercero y las Facultades regionales de la UTN con sede Córdoba, junto a la Universidad de la Provincia de Córdoba, están organizando un encuentro con legisladores nacionales para los primeros días de octubre.

En esa línea, mencionó también la posibilidad de reunirse con el gobernador de Córdoba, en virtud del peso que tienen las provincias en la discusión presupuestaria. Finalmente, Boretto reforzó la invitación a la quinta marcha federal en defensa de la educación pública, prevista para el 15 de octubre próximo.