El CIN reclamó la promulgación y ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario

El pedido está dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación y fue resuelto en el marco de una reunión de su Comité Ejecutivo ampliado, donde convergieron las autoridades académicas de todas las universidades públicas del país. [14.10.2025]

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó al Poder Ejecutivo de la Nación la promulgación y ejecución de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario.

El pronunciamiento advierte que la situación del sistema universitario es “cada vez más grave”. Y recuerda que la ley sancionada por el Congreso “ofrece una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes”.

En uno de sus pasajes, el texto subraya que la Ley de Financiamiento Universitario es resultado de un “trabajo responsable del sistema universitario argentino”, que fue debatida y aprobada por el Congreso de la Nación y ratificada por amplia mayoría en ambas cámaras tras el veto presidencial.

“No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada”, enfatiza el documento, en el que se recuerda que siempre estas demandas se han gestionado a través de los canales institucionales y ante las autoridades respectivas.

“Acudimos dos veces al Congreso por su competencia en materia presupuestaria y la sociedad argentina se manifestó en tres oportunidades de manera conmovedora en apoyo a este reclamo. Por eso, solicitamos ahora al Poder Ejecutivo Nacional que promulgue y ejecute este instrumento, que garantiza la reparación tan necesaria”, completa el comunicado del CIN, quien se puso a disposición para trabajar en el proyecto de presupuesto 2026.

El reclamo fue informado en la sesión ordinaria del Consejo Superior del martes 14 de octubre. En la oportunidad, el rector de la UNC, Jhon Boretto, adelantó la decisión del CIN de avanzar con una acción de amparo colectiva, ante la eventualidad de que el Poder Ejecutivo objete su implementación aduciendo la imposibilidad de cumplir con sus alcances.