La norma que aprobó el órgano de gobierno universitario contiene además una serie de anexos en los que establece los distintos modelos de contratos e instaura los mecanismos de control adecuados, tanto desde el punto de vista legal como presupuestario.

Asimismo, establece disposiciones para la renovación en forma directa una vez vencido el plazo original, que nunca podrá ser superior a un año y tampoco proyectarse más allá del tiempo de duración del mandato del funcionario que los dispone.

La nueva ordenanza crea registros obligatorios y de carácter público, que contendrán los datos del personal contratado, e incluye también auditorías específicas que la Unidad de Auditoría Interna de la UNC deberá realizar a los fines de corroborar su cumplimiento.

Con esta nueva normativa se agilizarán los tiempos que demandan estos trámites y se mejorará la oportunidad en la celebración de estos contratos que, en muchos casos, se refieren a docentes que deben dar cursos de extensión o de posgrado.