Martes 28 de julio de 2009
Córdoba
La Voz del Interior, 28/07/2009
Sección: Opinión. Página A9.
La exclusión social en lista de espera
Por Liliana E. Pereyra
Investigadora del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económica, Universidad Nacional de Córdoba
Los manicomios, las prisiones, los guetos, los muros y los leprosarios consistían en prácticas históricas de exclusión para determinados grupos. Con el tiempo, las exclusiones tomaron otras modalidades hasta llegar al día de hoy, donde todos individualmente podemos advertir que en determinadas situaciones cada uno de nosotros esta excluido en relación a algo o alguien. Es a partir de la década del '80 que la exclusión social se instala con tal fuerza que deja de lado el concepto de pobreza y desigualdad del ingreso y se constituye en una referencia utilizada en las campañas electorales y en el discurso político. De allí surgen una serie de interrogantes.
¿Se puede diferenciar la exclusión de la pobreza? Sí. La pobreza es un estado en el que las carencias son básicamente económicas, mientras que la exclusión es un proceso multidimensional (con deficiencias en aspectos laborales, económicos, sociales, culturales, etcétera), por tanto involucra a la pobreza en una de las dimensiones.
¿Cómo se configura la exclusión en la sociedad? Los individuos pueden estar en determinadas zonas de la vida social. Así tenemos una zona de exclusión social, otra de vulnerabilidad (intermedia) y la de integración (que en algunos casos la mal denominan inclusión).
¿Qué aspectos de la realidad social se identifican al emplear este término? Existe una tendencia a centrar la atención en el ámbito de lo laboral, pues en Europa este término se asociaba a los desocupados de larga duración. Pero dentro de la exclusión confluyen cuestiones tales como: el desempleo, subempleo, precariedad laboral, ingresos insuficientes y/o irregulares, infra vivienda, los sin techo, analfabetismo o con baja instrucción, pertenencia a grupos de "rechazo" (enfermos de sida, con antecedentes penales, adicciones), las víctimas de violencia o malos tratos, entre otras. En consecuencia, encontramos que una persona o un grupo vive determinadas situaciones que llevan a la pérdida de vínculos personales y sociales, al punto que le resulta difícil acceder a recursos y oportunidades que la sociedad ofrece. Con un término tan amplio, obviamente se carece de consenso sobre cuál es la definición precisa, y más aún cuando nadie se reconoce dentro de la sociedad como un excluido como lo suelen hacer los pobres o marginados, detalle que no es menor.
El símbolo de la exclusión. El incremento de la cantidad de desempleados y de personas bajo la línea de la pobreza originó que en varios países de América Latina, entre ellos Argentina, apareciera un fenómeno regional: los cartoneros. Estas personas seleccionan, de los residuos domiciliarios, cartón, papel, aluminio, etcétera, y lo recolectan en las aceras de las calles de las grandes ciudades buscando una fuente de ingresos para su subsistencia.
Cuentan con escasas posibilidades de integrarse en un sistema formal de recolección o reciclaje, pues constituyen un grupo heterogéneo que no vislumbra alternativas para superar los obstáculos económicos y sociales presentes, como resultado de la destrucción de los vínculos personales y sociales. Si bien es cierto que existe una gran diversidad de ejemplos de esta problemática, esto nos ofrece una imagen clara como un símbolo de la exclusión social. Respuestas parciales. La disminución del Estado en la actividad económica y social originó nuevos canales para atender o asistir a los problemas sociales: la creación de organizaciones civiles por parte de los actores sociales, con la debida redistribución de recursos pero no de responsabilidades. Si bien es cierto que tanto el Estado como las organizaciones vienen realizando tareas de atención a los desocupados mediante la capacitaciones, promoción de la inserción laboral y, en algunos casos, la atención directa a problemas de subsistencia a través de comedores, éstas son respuestas parciales que no solucionan la problemática del excluido, ya que sólo extienden un manto de piedad entre la inserción virtual o temporaria y la ayuda social.
Es decir, las políticas sociales ejecutadas se han orientado a hacer soportables las dificultades tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo, sin tener presente que un incremento de la cantidad de hogares en exclusión social aumenta la probabilidad de que el delito crezca.
Ausencia de solución. Desde hace más de una década, en Europa se vienen desarrollando distintas estrategias para hallar una solución, entre las que encontramos el ingreso mínimo de inserción, cuyos resultados no han sido los esperados y, por lo tanto, se continúan estudiando otras posibilidades y formas de evitar el incremento de la cantidad de personas que llegan a la exclusión social.
En Argentina, por caso, el cierre de fuentes de trabajo llevó a un desplazamiento de trabajadores de las fábricas a las aceras de las calles mediante la actividad de cartoneros. La extensión de la soja como cultivo dominante en los campos produjo que las familias de las zonas rurales se trasladaran a las urbanas. Hoy nos encontramos con el cierre de tambos que fueron la fuente de subsistencia de numerosas familias, las que bajo las condiciones actuales, en el corto plazo, aumentarán la cantidad de excluidos en las ciudades.
¿Cómo podemos evitar que se extienda la exclusión social? Para comenzar, podemos tomar medidas económicas que posibiliten la continuidad de los tamberos medianos o pequeños que no pueden soportar el costo de la producción.
Por otra parte, formalicemos el mercado de los residuos, para que los cartoneros tengan mejores condiciones laborales y prosigan con su actividad laboral.
Además, implementar programas de tratamiento de las adicciones para personas que carecen de recursos es un requisito obligado para forjar políticas consistentes con la disminución de la exclusión y del delito, entre otras medidas.
De acuerdo a lo expresado, un análisis adecuado de las estrategias no puede hacerse sin comprender las relaciones de la exclusión social con otras problemáticas sociales, mediante la participación del Estado, la universidad y las organizaciones de la sociedad civil para diseñar una solución en el mediano plazo. Si no, sólo tendremos respuestas parciales sin posibilidades de una salida definitiva.
La Voz del Interior, 28/07/2009
Sección: Sociedad. Página A13.
Breves
Nuevos rechazos a los fondos mineros
La Fundación para la defensa del ambiente (Funam) informó ayer que dos unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba se sumaron a la Facultad de Psicología que rechazó los fondos procedentes de la minera La Alumbrera. Se trata de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Escuela de Ciencias de la Información. Raúl Montenegro, de Funam, recordó que La Alumbrera "contamina cuatro provincias argentinas".
La Mañana de Córdoba, 28/07/2009
Sección: Opiniones. Página 16.
Qué hacer con el Consejo de la Magistratura
Por Jorge Horacio Gentile
Profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación.
A 15 años de la última reforma de la Constitución se replantea la necesidad de reformar la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El Consejo se creó para hacer una mejor selección de los jueces inferiores de la Nación y el Jurado para que estos cuando deban ser destituidos tengan un juicio justo.
Sin embargo, al Consejo, se le asignó la atribución, que hasta ese momento tenía la Corte Suprema, de administrar los recursos, ejecutar el presupuesto y dictar los reglamentos del Poder Judicial, lo que no era necesario y creó roces con el Alto Tribunal.
La Convención omitió crear una Escuela Judicial, para que los aspirantes a magistrados, funcionarios y empleados tengan una mejor formación y actualización científica y técnica, lo que, fue salvado, más tarde, por la ley que reglamentaria, pero su implementación se demoró y su funcionamiento actual no es satisfactoria.
Los constituyentes no fijaron el número de integrantes del Consejo, pero sí que deberían estar representados en el mismo "los órganos políticos resultantes de la elección popular", los jueces y abogados (omitió a los integrantes del Ministerio Público) pero la ley que lo reglamentó dispuso que debían ser 20 (el presidente de la Corte, 4 jueces, 8 legisladores, 4 abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 del ámbito científico y académico) y fijó, un criterio de "equilibrio" entre estos tres sectores que la última ley vigente desbarató, y que según la Constitución son: "la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal" (art. 114).
La Ley 26.080, impulsada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, redujo los consejeros de 20 a 13; y el presidente de la Nación quedó con poder de veto, al contar con 5 votos (4 de legisladores oficialistas y su representante), con lo que controla las decisiones importantes del Consejo; que se toman con dos tercios de votos. Además, el sector político se fortaleció al quedar con 7 miembros (3 senadores, 3 diputados y el representante del Ejecutivo), en desmedro de los jueces que bajaron de 5 a 3, de los abogados que de 4 pasaron a 2 y de los académicos que de 2 sólo quedó con 1. El quórum para sesionar bajó de 12 a 7. El Jurado de Enjuiciamiento se redujo de 9 a 7, dejó de ser electivo y permanente, para sortearse cada 6 meses para atender las causas que se plantean en ese tiempo.
El Consejo de la Magistratura, así conformado, merece las siguientes criticas
· No debió excluirse al presidente de la Corte Suprema, que lo presidía, contrariando a la Constitución cuando dice que al Consejo lo integran "jueces de todas las instancias" (art. 114 CN). Su presencia fue útil para evitar roces entre la Corte y el Consejo.
· Mantiene la prohibición de la ley anterior, que los consejeros integren o, al menos, presidan los tribunales de concurso para los postulantes a magistrados inferiores (art. 13 inc. C), criterio discutible, ya que esa es una función específica de los consejeros. La ley anterior decía que el examen y la calificación de la prueba de oposición la hacía un jurado integrado por un juez, un abogado y un profesor de derecho, que algunas veces no tenían un nivel superior a los que concursan. La nueva ley excluye, sin razón, a los abogados y dice que los jurados se integran con dos jueces y dos profesores. Las listas de jueces (en la ley anterior los abogados) o profesores titulares, asociados y adjuntos regulares, eméritos o consultos de derecho, designados por concursos en las universidades, de las que luego se sortearan a los 4 jurados, las confecciona la comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, sin que haya pautas o criterios fijados por la ley, que aseguren la idoneidad de los mismos para actuar como jurados.
· El representante del Poder Ejecutivo debió al menos, ser ministro. Esta representación es, además, cuestionable ya que el Poder Ejecutivo es el órgano al que controla el Consejo.
· No suprimió la atribución del Consejo de entrevistar a los postulantes para evaluar su "idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática", después del concurso de oposición y antecedentes que toma el jurado, ya que ello es lo debe hacer el Senado antes de prestarle el acuerdo público al ternado propuesto por el Ejecutivo.
· No hay motivo para que en la comisión interna de Selección de Magistrados y Escuela Judicial no haya abogados, ni que la representación política sea igual a la de jueces y académicos (4 para cada uno), mientras en las comisiones de Disciplina y Acusación (que la ley fusiona) y de Administración y Financiera, prevalece el sector político, y sólo en la de Reglamentación está en minoría el sector político, lo que no es razonable.
· No se justifica el haber cambiado la exigencia de dos tercios de votos por el de mayoría absoluta para que el pleno del Consejo sanciones a magistrados, a propuesta de la Comisión de Disciplina y Acusación.
· Suprime la potestad que la ley anterior daba al Consejo, de que, con el voto de tres cuarta parte de sus miembros, se pueda remover a los legisladores y al representante del Ejecutivo, dejando esa atribución a las cámaras o al Poder Ejecutivo, según corresponda, siempre que les sea requerido por el Consejo con la misma mayoría. No se entiende por qué no se hizo lo mismo con los jueces que tienen estabilidad en su cargo, mientras dure su buena conducta, y que pueden ser removidos por juicio ante el Jurado de Enjuiciamiento.
· Dispuso que cuando el Senado no presta acuerdo al ternado propuesto por el presidente, debe convocarse a un nuevo concurso, cuando la Constitución lo que expresa es que la terna es vinculante por lo que el Ejecutivo, en ese caso, debe pedir el acuerdo de otro de los integrantes de la terna.
· No se mejoró, jerarquizó, ni se le aseguró mayores recursos -del presupuesto que se le asigna al Consejo- a la Escuela Judicial, ni ha estimular por la misma a que se mejore la preparación y actualización de los jueces -que, en general, son remisos a participar en los cursos que dictan -, a los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Debió expresamente incluir también a los abogados que aspiran a la magistratura.
· No modificó la ley para permitir las suplencias transitorias de los consejeros, ya que la misma, admite sólo el reemplazo de los consejeros por sus suplentes en caso de renuncia, remoción o fallecimiento, pero no en caso de ausencias temporales, lo que de estar autorizado podría agilizar el funcionamiento del órgano, si tenemos en cuenta que los legisladores y jueces, algunas veces, no asisten a las sesiones porque no estar eximidos de cumplir las funciones que tienen en las cámaras o en los tribunales.
Respecto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la ley es criticable porque:
· Dejó sin representante a la Corte Suprema en el Jurado y modificó su composición, al disminuir el número de jueces de 4 a 3, aumentar el de los congresistas de 3 a 4 y bajar de 2 a 1 el de los abogados, lo acrecienta el peso del sector político, sin que haya razón que lo justifique. Si bien la Constitución no exige simetría entre los sectores integrantes del Consejo ni del Jurado, en este caso la misma es más necesaria que en el caso del Consejo ya que la Constitución dice que el Jurado está integrado por "legisladores, magistrados y abogados", en plural, lo que indica que no puede haber sólo un abogado. Además, sus integrantes dejan de ser elegidos entre sus pares para pasar a ser sorteados, lo que atenta contra el principio democrático.
· El designar a los jurados por sorteo cada 6 meses, puede llevar a que al mismo tiempo pueda haber más de un Jurado funcionando en causas iniciadas en semestres diferentes.
Si se revisa la Ley 26.080 espero que se tenga en cuenta estas críticas que aspira a un Poder Judicial independiente y eficaz en su funcionamiento.
(* )Es profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación.
La Mañana de Córdoba, 28/07/2009
Sección: Sociedad. Página 21.
Más facultades rechazan fondos mineros
Como ya ocurrió con la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias de la Información también rechazó los fondos procedentes de minera La Alumbrera.El documento suscrito por los miembros del Consejo en su sesión ordinaria del 24 de junio expresó "su repudio frente a las vinculaciones existentes entre empresas mineras y las universidades argentinas" y "su oposición al uso de los recursos provistos por Ymad". En su documento, que menciona las cartas enviadas por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la resolución adoptada por la Facultad de Psicología.
"Manifestamos enfáticamente nuestra posición en contra del uso o la posible aceptación por parte de las Universidades de los fondos provenientes de Ymad (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), que por segundo año consecutivo se han repartido entre las universidades nacionales del país de acuerdo a lo establecido por el Artículo 18 de la Ley 14.771 y lo resuelto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)".
Ymad, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, había transferido 50 millones de pesos de sus beneficios a unas 40 universidades nacionales en 2008. Lo hizo en el marco de la Ley Nacional 14.771.
Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología (UNC), quien impulsó uno de los primeros rechazos aprobados contra esos fondos, indicó que "dos de las doce facultades que integran la Universidad Nacional de Córdoba, Psicología y Filosofía, y una escuela de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ya rechazaron los aportes de Ymad. Esto es el comienzo de una saludable revolución ética". Montenegro recordó que Minera La Alumbrera "contamina el ambiente de cuatro provincias argentinas" y que el vicepresidente primero de Alumbrera Limited, Julián Patricio Rooney, "está procesado por la Justicia Federal de Tucumán".
Comercio y Justicia, 28/07/2009
Sección: Compacto. Página 14.
El país
Será prioridad incluir nuevas tecnologías en la educación
El nuevo titular de la Unidad de Planeamiento Educativo, Juan Carlos Tedesco, expresó ayer que "es prioritario" incluir las nuevas tecnologías en la educación. "Las nuevas tecnologías no plantean un problema tecnológico, sino de paradigmas cognitivos que hacen necesaria la reflexión y la experimentación", aseguró en ese sentido Tedesco, ex ministro de Educación.
En cuanto a las nuevas funciones del recientemente creado organismo, aseguró que "deberá decidir estrategias de mediano a largo plazo con énfasis en dar contenidos a las nuevas leyes de Financiamiento de Educación Superior".
En esa línea, Tedesco anticipó que una de sus primeras medidas será convocar a expertos en planificación, estadística y pedagogía para "planificar escenarios futuros" a la luz de las nuevas tecnologías.
Comercio y Justicia, 28/07/2009
Sección: Entrevista. Página Contratapa.
César Arese, doctor en Derecho y camarista laboral de Córdoba
"Se produce un nuevo deterioro y regresión en el mundo laboral"
Una de las lecturas de la crisis global es el incremento en la litigiosidad, César Arese, doctor en Derecho, profesor de la UNC y camarista laboral de Córdoba, adelanta su análisis sobre esta realidad en Córdoba, mientras se prepara para exponer en el XIX Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que tendrá lugar en Sydney, en setiembre. Allí hablará sobre "Participación de los trabajadores y negociación colectiva de crisis". Antes, dialogó con Comercio y Justicia.
_¿De qué manera se trasladó la crisis global a los tribunales laborales?¿ Qué indica a los magistrados que esta crisis ya se judicializó?
-Los efectos de la crisis global no son inmediato, ni muy perceptibles a simple vista en el ámbito judicial. Entre octubre de 2008 y mayo de 2009 se registraron 202 pedidos de Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) que afectaron a 7.563 trabajadores. Entre diciembre de 2008 y marzo de 2009 hubo un total de 16.2872 bajas de trabajadores cotizantes de la seguridad social (2.4 % de los registrados) y se reconoce un incremento del nivel de desocupación plena. Muchos de esos conflictos derivaron en despidos, este fenómeno y la consecuente litigiosidad directa e indirecta se ven en el tiempo. Previsiblemente, el trabajador que pierde su puesto, ejerce reclamos ligados a su despido, como por otros aspectos del nexo de trabajo-diferencias salariales, accidentes, enfermedades- y aquí hubo un incremento de la litigiosidad.
-¿Existe estadística o indicio de que después de 2001/2002, los trabajadores usen más las herramientas de negociación evitando llegar a tribunales ?
-El tratamiento laboral de la crisis evoluciono desde la resolución bilateral (obrero-patrón) , pasando por la colectivización que significan los PPC (empresa- sindicato)hasta su tratamiento tripartito actual (empresa, sindicato y Estado). En las situaciones de crisis empresaria existe intervención activa del Estado, como conciliador pero también como un sujeto o parte más del conflicto. La negociación colectiva obligatoria impide los despidos, pero a la vez habilita los planes de sustitución de salarios amortiguando los efectos de la crisis. A nivel nacional, en junio 84.628 trabajadores de casi 1.500 establecimientos, recibían casi 200 millones de pesos en salarios del Programa de Recuperación Productiva. Sin embargo, los despidos individuales y la "desregularización" de trabajadores son evidentes y medibles, pero no se evitan. Con esto, se está produciendo un nuevo deterioro y regresión en el mundo laboral.
-Con esta crisis, ¿qué cuello de botella debe dirimir el derecho laboral y cuáles son los resortes más utilizados por los trabajadores y los empresarios?
-Por lo menos dos. En primer lugar, no aparece seriamente lo que aconsejó la Organización Internacional del Trabajo en su última conferencia: la negociación de pactos de empleo destinados a lograr trabajo decente y justicia social frente a la globalización. La negociación colectiva sectorial es importante, pero insuficiente. Hay necesidad de acuerdos integrales de desarrollo negociados tripartitamente, pero de forma genuina y democrática, con participación de trabajadores y empresarios y no como intercambio de favores electorales o económicos o para montar ciertas escenografías momentáneas, provinciales o nacionales.
En segundo lugar, no se garantiza suficientemente le orden público laboral frente a su vaciamiento do debilidad pocas veces visible. La legislación de fondo ni la administración laboral garantiza completamente la irrenunciabilidad de derechos laborales. Un indicio interesante: se recurre menos a la conciliación administrativa y se judicializan las controversias.
-¿De qué forma?
-En la jurisdicción de Córdoba Capital, durante 2007, sobre 5.024 causas ingresadas y finalizadas en los Juzgados de Conciliación, 2.768 se conciliaron, 207 concluyeron por otros medios y un llamativo total de 2.049 se "desistieron" (40 % del total) En los casos de despidos, de un total de 2.310 pleitos, 749 fueron conciliados; pero el doble, 1.561, "desistidos". En diferencias de haberes, 127 de las 184 demandas fueron desistidas, esto es casi el 70 %. Hay aquí una parte de un mundo oculto de acuerdos que derraman derechos irrenunciables sin debida actuación administrativa o judicial, especialmente en materia de despidos y diferencias de haberes.
Hoy Día Córdoba, 28/07/2009
Sección: Córdoba. Página 6.
Bajo rendimiento
De las 100 becas que estaban destinadas a alumnos del último año del nivel medio, 81 consiguieron sostenerse porque los chicos lograron aprobar el ciclo de ingreso y ya cursan una carrera de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Este dato resulta negativo, ya que si se observa la totalidad de aspirantes a estas ayudas económicas, la realidad es más critica. Es que de las primeras 100 becas otorgadas a fines del año pasado, 40 quedaron en camino porque los beneficiarios terminaron atrapados en el filtro que significa el ciclo nivelatorio. Esto obligó a buscar reemplazantes. Al cabo de la segunda selección, sólo 21 lograron tener la beca y actualmente están estudiando en algunas de las 12 facultades de la UNC. El resto de los chicos perdió la beca por no aprobar el cursillo de ingreso.
Hoy Día Córdoba, 28/07/2009
Sección: Córdoba. Página 6.
Conferencia
La Asociación de Egresados de Ingeniería y Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) convocó al público en general a participar de la conferencia "Del Big Bang a la vida inteligente". La charla estará a cargo del ingeniero Luis Francisco Maltese Guerra, profesor consulto de la UNC, y se realizará el 26 de agosto a las 18.30 en el Aula Magna de la facultad, ubicada en Vélez Sarsfield esquina Duarte Quirós.
Hoy Día Córdoba, 28/07/2009
Sección: Córdoba. Página 7.
Revolución ética
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) informo ayer que, en la Universidad Nacional de Córdoba, tanto la Facultad de Filosofía y Humanidades como el Consejo Consultivo de la Escuela de Ciencias de la Información rechazaron los fondos procedentes de Minera La Alumbrera. Raúl Montenegro, presidente de Funam y profesor titular de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología de la UNC, quien impulsó uno de los primeros rechazos aprobados contra estos fondos, explicó que "dos de las doce facultades que integran la UNC, Psicología y Filosofía y una escuela de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ya rechazaron los aportes de YMAD". "Esto es el comienzo de una saludable revolución ética", resaltó Montenegro.
Nacionales
Clarín, 28/07/2009
Sección: Opinión. Editorial.
Pocos cambios en el INDEC
Las medidas tomadas por el Gobierno en relación al INDEC son muy parciales e insuficientes y no alcanzan para revertir, al menos por ahora, la fundada desconfianza en las estadísticas públicas.
El Gobierno decidió poner el INDEC bajo la directa responsabilidad del Ministerio de Economía, con el propósito de mostrar que ya no está bajo la influencia del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Sin embargo, se mantendrá la dirección establecida por Moreno e, incluso fue ascendido al nuevo cargo de Director Técnico, un funcionario allegado al secretario.
Por otra parte el ministro de Economía del que dependerá el organismo ha ratificado en su cargo a Moreno y reivindicado su gestión.
Se ha perdido, por lo tanto, la oportunidad de convertir al INDEC en un organismo descentralizado con una dirección de buen nivel técnico e independiente del poder político de turno, requisitos indispensables para recrear la confiabilidad.
También se ha creado un Comité Académico de Evaluación y Seguimiento, integrado por representantes de universidades públicas nacionales, que revisará la metodología empleada desde 1999. Pero sus dictámenes estarán listos dentro de meses y no serán vinculantes, por lo que pueden convertirse en buenos consejos sin consecuencias prácticas.
Por estos motivos, cabe afirmar que la falta de credibilidad del INDEC y sus estadísticas no se ha modificado.
Una nueva prueba de inconsistencia de los números del INDEC es el resultado de las estadísticas de precios de San Luis y Santa Fe, provincias en las que se utiliza el índice previo a la intervención de Moreno, y cuyos porcentuales desde hace meses son muy superiores a los que surgen del INDEC.
Es de esperar que esta situación sea tomada en cuenta por el Gobierno y que se introduzcan nuevos cambios para recuperar efectivamente la confianza en estadísticas cruciales para el sector privado y el público.
Los cambios introducidos en el INDEC no modifican de base el funcionamiento del organismo ni revierten la desconfianza sobre las estadísticas oficiales.
Clarín, 28/07/2009
Sección: Información General.
Extienden licencias a estatales
El Gobierno decidió ayer prorrogar hasta el viernes próximo las licencias laborales por la gripe A para el caso de las embarazadas y las personas inmunodeprimidas de la administración estatal.
La resolución 48/09, firmada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, establece la ampliación de estas licencias sólo para el "sector público nacional", sin incluir esta vez mención alguna sobre los empleados del sector privado.
La decisión, llamativamente, contradice al ministro de Salud, Juan Manzur, que el viernes pasado, según pudo saber LA NACION, había sugerido a Tomada que ya no sería necesario ampliar los beneficios porque la situación sanitaria en el país, en relación con la gripe, había mejorado. Además, abre ciertos interrogantes de por qué no se incluyó al sector privado, dado que el riesgo de contagio sería el mismo en cualquier dependencia, sea o no pública.
Esta disposición, que apunta a proteger a los grupos de mayor riesgo, fue aplicada por primera vez el 1° de este mes, a través de la resolución del Ministerio de Trabajo 471/2009. Quince días después fue prorrogada mediante la resolución 598/2009 y, ahora, nuevamente, terminó extendiéndose en una disposición que consta de apenas tres artículos y una redacción bastante críptica.
Manzur había señalado que las consultas por gripe A han disminuido, en promedio, entre 30 y 35 por ciento. Ayer, el ministro se reunió con su par de La Rioja, Gustavo Grasselli, quien le informó que en esa provincia la atención había caído 70 por ciento.
Según los últimos reportes, en la Argentina murieron 211 personas por el virus de la gripe A (H1N1).
La Nación, 28/07/2009
Sección: Editorial
Movilidad estudiantil
Aumenta en todo el mundo la cantidad de estudiantes que deciden completar sus carreras universitarias en otro país
En la reciente publicación del Compendio Mundial de la Educación, editado por la Unesco, se informa que en el curso de una década el número de estudiantes que se matriculan en universidades del exterior ha crecido en un 53 por ciento, siendo en la actualidad de 2,8 millones alumnos. Ese dato abre paso a una información más analítica, cuyo conocimiento interesa tanto a los países e instituciones que acogen alumnos extranjeros, para estimar las preferencias generales sobre carreras o cursos académicos, como a los países de origen, a fin de tomar nota acerca de estudios que resultan insatisfactorios en las universidades propias y requieran ser perfeccionados. Una cuestión latente en este tema se vincula con las razones que movilizan a los jóvenes a buscar su graduación en el exterior. El jefe de la Sección de Estadísticas Educativas de la Unesco, Albert Motivans, señaló al respecto que influían en los estudiantes factores como atracción y empuje. Así, un buen número se siente atraído por el prestigio de casas de altos estudios de fama mundial. Otros, en cambio, se ven empujados a abandonar su país por carecer de oportunidades de formación en él. Importa agregar que también pesa el hecho de que las instituciones de acogida procuran atraer estudiantes de otras regiones porque eso les conviene financieramente y acrecenta su fama. En la elección también ejercen su influencia las razones de proximidad, el dominio de la lengua y otros vínculos históricos o coloniales. En términos más cercanos se observa una tendencia a permanecer en la región de origen, como ocurre con los estudiantes de América latina y el Caribe. Asimismo, se aprecia que aumenta el número de países e instituciones receptoras. Mientras en 1999 uno de cada cuatro estudiantes trashumante iba a Estados Unidos, en 2007 la relación fue de uno cada cinco. Al mismo tiempo, se ha diversificado el número de países y de universidades atractivas, ya que no sólo cuentan instituciones tradicionales del Reino Unido, Francia o Alemania, sino otros destinos que han ganado atracción en estos años, como Australia o Nueva Zelanda. China es el mayor país emisor de estudiantes (alrededor de 420.000), seguido por la India, Corea del Sur, Alemania y Japón. Es de destacar que, dentro del conjunto de los diez países con mayor caudal de alumnos en el exterior, los estudiantes orientales representan el 75 por ciento, lo que indica la importancia que acuerdan esas naciones a una formación superior dentro de la estrategia de su desarrollo. Una tendencia valiosa de estimar es hacia qué estudios se orientan mayormente las preferencias de los alumnos extranjeros. En este plano, las ciencias empresariales y de la administración absorben casi un 25 por ciento de las matriculaciones; las ciencias exactas y naturales, un 15 por ciento; las ingenierías, el 14 por ciento, y las letras y las artes, un 14 por ciento. En cuanto a la presencia de mujeres en el estudiantado trashumante, si bien los datos están incompletos, Motivans señaló que su número se ha venido incrementando aceleradamente en el curso de la década. Es de esperar que este cuantioso intercambio de universitarios, cuya influencia se ha de sentir en un futuro no lejano, produzca no sólo profesionales más capacitados, sino también personalidades abiertas a crear un mundo más generoso, menos conflictivo y dispuesto a la convivencia intercultural.
La Nación, 28/07/2009
Sección: Opinión
Según un estudio de la Unesco sobre América latina
Educación, un derecho vulnerado
Por Bernardo Klisberg
Bernardo Kliksberg es asesor de la Dirección Regional del PNUD/ONU para América latina.
NEW YORK.- Todas las constituciones garantizan, en América latina, el derecho a la educación. Se repite con énfasis en los discursos que la educación debe ser la prioridad. En el siglo XXI, está muy claro que sin educación no hay futuro para las personas, las familias, ni los países. En la región, han habido avances relevantes: más del 90% de los niños ingresan en la primaria, el analfabetismo es reducido. Sin embargo, varios estudios recientes -como el riguroso y documentado Serce-Unesco 2002-2008, el "Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, 2009", y otros- muestran brechas muy agudas, como las anotadas a continuación.
1. Escuelas mal dotadas
Si la educación es prioridad, debería reflejarse en que la escuela tuviera los recursos básicos: agua potable, baños suficientes, biblioteca, una sala de computación, un número razonable de computadoras.
En la región, de acuerdo con Serce-Unesco, el 20% de las escuelas no tienen agua potable, un 33% no tienen baños suficientes, un 47% no tienen bibliotecas, un 63% no tienen sala de computación y hay, en promedio, 16 computadoras por escuela.
Con niveles mejores y con esfuerzos importantes, también las cifras argentinas de 2006, que relevó el estudio, indican un largo camino por recorrer: el 18% de las escuelas carecían de agua potable, el 25% no tenían baños suficientes, el 26% no tenían bibliotecas, el 52% no tenían sala de computación, sólo había 12,5 computadoras promedio por escuela.
2. Maestros insuficientemente pagados
Mientras que en Finlandia, Israel o en Suiza ser maestro es una profesión buscada que implica recibir un sueldo mejor que el promedio y tener por delante una carrera con múltiples estímulos, en América latina esa condición, que tenía alta jerarquía social un siglo atrás, se halla ahora desvalorizada. Los ingresos son inferiores a los promedios del mercado, los estímulos muy limitados, la subsistencia difícil. El relevamiento encontró que el 36% de los maestros de 6º grado tenían otro trabajo para poder salir adelante.
3. Niños que trabajan
La condición mínima para que un niño pueda cursar en la escuela primaria es que se pueda dedicar totalmente a ella. No se concibe otra posibilidad en ningún sistema educativo. En América latina, no funciona así para los niños más desfavorecidos. De todos los niños que están en 6º grado de primaria, el 11% trabaja. Casi todos ellos son niños humildes. En Guatemala, la cifra sube al 17,5% y en República Dominicana es el 14%. En la Argentina se estimaba en el 6%.
4. Calidades desiguales
No se trata sólo de cursar una cantidad de años en la escuela, sino, al mismo tiempo, de los contenidos que se reciben. Es fundamental que los niños puedan acceder a una educación de calidad. Las cifras indican desniveles de gran importancia entre las escuelas rurales y las urbanas. Las primeras están en desventaja absoluta en todos los planos y ello se refleja, finalmente, en el rendimiento de los niños. Entre las urbanas, a su vez, las privadas tienen mejor dotación, más recursos de aprendizaje, mejores sueldos, facilidades de computación.
5. Aprendizajes deficitarios
Estas restricciones, y otras ajenas totalmente a la escuela, que vienen del hecho de que muchos niños proceden de familias pobres, con padres con primaria incompleta, con viviendas hacinadas, y tienen en diversos casos insuficiencias alimentarias, llevan a rendimientos problemáticos.
Al medir el nivel de conocimientos de los niños de tercer grado de primaria en una escala de cuatro niveles, el 40% de los niños no superaban el nivel más simple en matemáticas y ciencias, y el 32% no lo superaba en lectura. Ejemplificando, se señala en los informes: "En Perú, tan sólo el 30% de los alumnos de primer grado y el 50% de los de segundo grado podían leer pasajes sencillos de un libro de texto de primer grado. En Guatemala y en la República Dominicana es muy escaso el nivel de dominio de la lectura de la mitad o más de los alumnos de tercer grado de primaria".
En la prueba Internacional PISA, de medición de conocimientos, los pocos países latinoamericanos que participaron quedaron muy rezagados.
Los serios problemas en educación en América latina están estructuralmente ligados a los altos niveles de desigualdad de la región. El estudio Serce-Unesco muestra una fuerte correlación estadística entre los coeficientes Gini -que miden la desigualdad en la distribución de los ingresos- y el rendimiento. Cuanto más alta la iniquidad peor, finalmente, el rendimiento escolar. Los amplios sectores de niños que pertenecen a los estratos con poca participación en el ingreso van a tener condiciones muy desfavorables para poder completar la escuela y rendir en ella. Así, sólo el 43,9% de los niños de la región terminan la escuela primaria a tiempo, en la edad y en la extensión de años programada.
A su vez, la escuela con los déficits de recursos y las brechas de calidad referidas acentúa las desigualdades. Los niños reciben educaciones totalmente diferenciadas, que van a determinar posibilidades muy disimiles de acceso al mercado de trabajo. Señala la Unesco (2009):
"La desigualdad de oportunidades en la educación es un factor de acrecentamiento de la pobreza, el hambre y la mortalidad infantil, y mengua las perspectivas de crecimiento económico. Por eso, los gobiernos deben actuar con un mayor sentido de la urgencia".
¿Se puede romper este "círculo perverso" de reproducción de desigualdades? ¿Se puede hacer que el derecho a la educación fijados en las constituciones, y repetido en el discurso, deje de ser un derecho retórico para muchos niños y se transforme en real?
Hay un gran trabajo por hacer con el aporte de toda la sociedad. Una de sus expresiones será mostrar en los presupuestos la voluntad de llevarlo adelante. Los datos dicen que la media regional en cuanto a gasto público en educación es del 4,1%, a distancia de la necesaria, inferior al 4,4% de los países en desarrollo, al 5,3% de los países desarrollados y casi la mitad de la de los países más avanzados en educación, como los nórdicos, del sudeste asiático, Israel. Estos últimos son en alta medida por sus inversiones educativas líderes en generación de tecnologías de punta y competitividad.
Es hora de restituir a los niños y niñas del continente este derecho esencial triunfante en el discurso, pero precarizado en los hechos.
