Discurso asunción 2010

Discurso pronunciado por la Dra. Carolina Scotto al asumir las funciones de rectora de la Universidad Nacional de Córdoba para el período 2010-2013.

Autoridades y representantes del poder ejecutivo, integrantes del poder legislativo, autoridades judiciales, de los ámbitos nacional, provincial y municipal, autoridades y representantes de organismos públicos, organizaciones sociales, instituciones de la sociedad civil e instituciones privadas de nuestro medio, autoridades educativas provinciales, sres. rectores y autoridades de universidades estatales de gestión pública y de gestión privada, sres. ex rectores de nuestra casa presentes en este acto, miembros del Honorable Consejo Superior, Señoras y Señores decanas y decanos, vicedecanas y vicedecanos, integrantes de los consejos directivos de las Facultades, autoridades y funcionarios universitarios, empleados de la universidad, graduados y estudiantes, representantes de organismos gremiales docentes, no docentes y estudiantiles, de CONADU, FATUM Y de la Federación Universitaria de Córdoba, queridos colegas y amigos:

Esta es una ceremonia en la que renovamos públicamente entre nosotros y ante la comunidad que nos observa y acompaña, el compromiso de iniciar una nueva etapa de proyectos y desafíos en la extensa historia institucional y de gobierno de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Llegamos aquí después de haber reunido a la Asamblea Universitaria, máximo órgano de decisión, para elegir autoridades como siempre hubiéramos deseado hacerlo: en un clima de respetuoso pluralismo, con una fuerte corriente de consensos en torno a grandes contenidos programáticos, de todo lo cual cada uno de nosotros debe sentirse orgullosamente responsable, porque ha sido el fruto de un trabajo serio y sostenido durante los últimos tres años del gobierno que hoy concluye. Llegamos a la Asamblea después de haber protagonizado un proceso de análisis, debates y construcción colectiva de consensos, a través del cual pudimos elaborar y proponer para la Universidad un programa muy ambicioso de reformas y proyectos en todas las áreas. Ese programa guiará nuestro trabajo por los próximos tres años. Vale la pena en esta circunstancia hacer el breve relato de estos episodios de la política universitaria porque son mucho más que una deseable rutina institucional: son más bien la expresión de un logro mayúsculo para el cual todos los sectores y claustros que nos acompañaron, es decir, la inmensa mayoría de los universitarios, pusimos especial dedicación y esfuerzo. Es verdad que uno u otro pequeño escándalo electoral habría vendido más periódicos, del mismo modo que una u otra mala noticia suele despertar regularmente más atención pública que los cientos de resultados colectivos y cotidianos que nos enorgullecen. Sin embargo, el previsible trámite de todas nuestras decisiones importantes, electorales y de gobierno, fruto de un trabajo participativo y abierto, sin protagonismos caprichosos y ajustados a los fines esenciales de la universidad, nos entusiasma más: prometemos poner nuestro mejor esfuerzo, en la etapa que se inicia, por ahondar en ese estilo de trabajo. Haremos también, complementariamente, mucho más por cultivar el interés de la opinión pública y de la comunidad que nos mira, hacia nuestros avances y logros más significativos porque interesan para su propio progreso y desarrollo.

En este año de 2010, los países latinoamericanos están celebrando los doscientos años del lento y doloroso proceso de constitución de sus identidades nacionales. En la historia de esos agitados procesos las universidades, y muy especialmente la nuestra, tuvimos un papel destacado. Más que un episodio revolucionario, nuestra reflexión en este Bicentenario debiera intentar abarcar, a través de estos primeros doscientos años, el repaso de las tragedias étnicas y las batallas culturales todavía no saldadas, de los conflictos entre intereses y paradigmas económicos contadictorios y de las tensiones entre matrices de construcción y perpetuación del poder que apenas consiguen ponerse al servicio de nuestro desarrollo soberano. Debiera también incluir el análisis del precario entramado de conformaciones políticas y estructuras socio-culturales, que siguen contribuyendo más a la fragmentación y a la dispersión de los esfuerzos que a la construcción de proyectos colectivos sostenidos en el tiempo, así como la sucesión irresuelta de disputas simbólicas e ideológicas que pueblan el territorio de una memoria común herida y todavía en construcción. Sin embargo, durante estos dos siglos se escribió la poderosa historia que hoy nos permite pensar un horizonte mejor: se fundaron, reconfiguraron y fortalecieron las instituciones del Estado, fue naciendo con ellas una república que todavía es frágil pero ya es claramente deseable como nunca antes, así como también se construyeron los instrumentos y las prácticas democráticas que nos hacen posible resolver mejor estas cuestiones, muy especialmente cultivar los valores propios de las sociedades modernas, orientadas al desarrollo social equitativo y sustentable de sus pueblos. Desde comienzos del siglo XIX, atravesando los procesos y acontecimientos revolucionarios y contrarevolucionarios, los avances y los retrocesos institucionales, los dramáticos conflictos sociales y políticos, y aportando con trayectorias ejemplares que hicieron huella, nuestra Universidad Nacional de Córdoba, que precedió en doscientos años y por eso mismo también cimentó esta historia, la acompañó después como testigo y protagonista de privilegio. Tiene por esa misma historia de la que forma parte esencial la importante tarea de continuar aportando generosamente al desarrollo del país, en todas sus dimensiones: la creación y la mejor distribución de la riqueza, la justicia social y los derechos civiles, la libertad y la democracia políticas, el fortalecimiento de la república, la identidad y la diversidad cultural.

Podría decirse que las universidades públicas argentinas, tienen su origen histórico en la nuestra, nacida en 1613. No sólo por precedencia histórica sino más profundamente por las tradiciones y por las rebeliones que la edificaron, por lo que queda de ellas y por lo que falta para cumplir con ellas, la Universidad de Córdoba les dio la impronta de una memoria institucional y cultural y la de una conformación que las convierte en una promesa siempre abierta de transformación futura. Ser madre de universidades no es sólo un dato histórico inerte, una curiosidad de los hechos pasados, es una gran responsabilidad hacia el futuro, y bueno es pensar, en cada momento histórico, en qué consiste esta responsabilidad y qué estamos haciendo para cumplir con ella.

Jesuítica en su orígenes, y diferente de las universidades pontificias de entonces, nacida como universidad teológica, sólo había sumado a los estudios clásicos, a fines del siglo XVIII, los estudios de leyes de su Facultad de Derecho. Después de un extenso período a cargo de los franciscanos, quedó con el rectorado del Dean Gregorio Funes, a partir de 1808, bajo la responsabilidad del clero secular. Cuando se produce la Revolución de Mayo, recién estaban comenzando a introducirse los primeros estudios científicos. Aquel Rector tuvo un activo papel en la introducción de las ideas ilustradas en aquella universidad pre-moderna, pero también un rol activo en los complejos comienzos de la independencia, como político, legislador y periodista. Su papel y el de otros universitarios cordobeses permitió fortalecer el movimiento revolucionario en el interior del país, pero también contribuyó a sortear las inestabilidades tempranas de aquel incierto proyecto de independencia. Durante las dificultades de la primera década revolucionaria, la universidad fue testigo y partícipe de marchas y contramarchas, tanto que acompañó el proceso de fragmentación del país convirtiéndose, a partir de 1820, en universidad provincial. Por las mismas sintonías de la historia institucional y política argentina, se convirtió en universidad nacional en 1856, antes que la de Buenos Aires, y sólo unos pocos años después que nuestro país pudiera aprobar su primera constitución nacional. Se iniciaba entonces una etapa intensa de transformaciones culturales y crecimiento económico, de consolidación del Estado y de fortalecimiento de la nación. Para la Universidad esta etapa significó afianzar su condición de institución laica mediante la supresión de los estudios teológicos, en 1864, avanzando en su perfil científico y moderno, mediante la creación de sus Facultades de Ciencias Físico Matemáticas, luego de Ciencias Exactas y de Ciencias Médicas, hacia fines del siglo diecinueve.

Fue finalmente la universidad reformista, de principios del siglo XX, la que propuso el modelo institucional que aún hoy da su perfil a la educación universitaria estatal de nuestro país y de la mayor parte de los países latinoamericanos. Desafiando las estructuras conservadoras del gobierno universitario y del poder social y político cordobés del que se nutría, terminó por poner en jaque también al gobierno nacional. Aquellos episodios de intensos efectos políticos, fueron proporcionales al contenido específico de las banderas que los guiaban. Esenciales a la definición de la autonomía reformista fueron el co-gobierno, esto es, el reconocimiento de la ciudadanía política y académica de los claustros que la integran y la consiguiente conformación de estructuras democráticas y colegiadas para el gobierno de los asuntos universitarios. El co-gobierno intentaba no sólo suprimir la concentración conservadora de un poder académico cerrado sino también apoyar la independencia de las decisiones sustantivas de la universidad respecto de otros poderes, públicos o privados, lo que a su vez tenía por finalidad preservar la libertad para determinar lo que se debe investigar y lo que se debe enseñar así como para determinar cómo y quiénes debían hacerlo. Junto a estos valores, y esencialmente ligados a ellos, la universidad reformista defendió el derecho al acceso universal a la educación superior, por lo que la democratización interna de la universidad era sólo un reflejo de un proceso de democratización más estructural e importante, aquel que reconoce el papel decisivo del conocimiento en la transformación social. No siempre se ha enfatizado suficientemente que aquel ideario estaba también asentado en la defensa de una indisociable relación entre la enseñanza y la investigación, no sólo para evitar que la primera sólo perpetúe dogmas sino más profundamente para alentar la dimensión crítica que debe impregnar la formación de profesionales y académicos. En igual medida una irrestricta autonomía debía acompañar las labores de investigación en las universidades, o lo que es igual, ningún tema, creencia o teoría debía quedar, por razones ideológicas, culturales, corporativas o políticas de circunstancia, excluido de inspección crítica, sistemática y desprejuiciada. Que estos aires reformadores debían llegar al pueblo, sentido final de los esfuerzos intelectuales y formativos de profesores y estudiantes, extendiendo a la comunidad sus beneficios para cooperar con la solución de los problemas e incluso para ampliar los horizontes desde los cuales encararlos, fue también un llamado a la responsabilidad social de las universidades, de todos quizás el que más tiempo tuvo que esperar políticas activas que le reconozcan la misma prioridad que a la enseñanza y la investigación. En cuanto a la inspiración latinoamericana de aquel movimiento y que tuvo tempranos efectos latinoamericanos, apenas ha comenzado a tornarse evidente, no hace demasiado tiempo, y sin la suficiente convicción, en qué medida tenemos todavía como una tarea pendiente la necesidad de fortalecer lazos de cooperación solidarios entre nuestros países, y entre sus universidades, herederos de similares configuraciones históricas.

No hace falta recordar que no fueron muchos los momentos en que las universidades públicas pudieron ponerse a la altura de esta manera de concebirse a sí mismas, inclusive estando formalmente vigentes algunos de los principios generales del modelo reformista, sea porque otros poderes o intereses interrumpieron, adulteraron o destruyeron los modestos progresos alcanzados en cada etapa, sea porque nosotros mismos, los universitarios, estuvimos lejos de comprender la enorme responsabilidad que conlleva tomarse en serio el conjunto de todos ellos, y no alguna variante distorsionada de los más acordes con los prejuicios del momento.

Visto retrospectivamente, era difícil pensar que un país que apenas estaba sentando las bases de la democracia, que no había conquistado una plena conciencia de los derechos sociales más básicos, que no había creado todavía instituciones republicanas sólidas, que padecía de crónicas inestabilidades políticas, pudiera contar con instituciones universitarias al mismo tiempo autogobernadas y con pleno sentido de su responsabilidad social. Pero, como creo que es también saludable reconocerlo, los universitarios mismos, cuando las condiciones del país fueron haciéndose gradualmente más propicias para cada vez más ciudadanos, no fuimos siempre capaces de entender acabadamente de qué modos debían combinarse virtuosamente unos con otros rasgos para que cada uno encontrara su adecuada justificación o razón de ser.

En efecto, cabe preguntarnos qué sentido podría tener una democracia universitaria adulterada o cercenada a círculos o élites dirigentes enquistados en el poder universitario, perpetuados por mecanismos clientelares y carentes por lo demás de las iniciativas y la capacidad de decisión que se requiere para renovar constantemente la institución; qué sentido podría tener una autonomía política que sólo sirviera para dar expresión a los intereses puramente corporativos, del gremio o sector de la actividad que fuere, limitada por lo tanto a expresar ante la sociedad el teatro de mezquinas luchas de intereses, materiales o simbólicos; qué sentido podría tener una universidad sometida a los vaivenes de las decisiones políticas circunstanciales, a las inestables políticas oficiales o a las más permanentes presiones corporativas; qué sentido podría tener una universidad que haga, sin la menor interferencia externa y por su propia inercia conservadora, ortodoxia de su ciencia, dogma de su enseñanza o clientelismo de su sistema de selección de profesores o empleados; qué sentido podría tener una universidad que sólo piensa en sí misma cuando dice querer aportar ideas o proyectos a la comunidad que la necesita; qué sentido podría tener una universidad que entiende la vinculación con la comunidad como una oportunidad para los negocios de grupos que la utilizan para su provecho o para la proyección política personal de sus dirigentes. En estos últimos años hemos hecho avances importantes para librarnos de todas estas distorsiones. Dicho de otra forma hemos usado nuestra autonomía para ser mejores en cada uno de estos aspectos, pero debemos seguir trabajando para que el progreso realizado en todos ellos no nos permita volver fácilmente atrás.

Aquellas poderosas herramientas que hicieron la matriz de la universidad reformista, que nuestros estatutos proclaman y nuestros discursos defienden, pueden convertirse ahora más plenamente en una oportunidad para hacer grandes cosas. La autonomía es eso: un poder que nos obliga a trabajar continuamente por la calidad de la enseñanza y la investigación, a construir mejor conocimiento científico en todas las áreas y soluciones tecnológicas aplicables, a formar más y mejores profesionales, técnicos y especialistas con sentido de la responsabilidad por el destino de su prójimo, a comprender los complejos problemas de los ciudadanos actuales y a imaginar los problemas aún no formulados de los ciudadanos futuros, a dejar crecer las ideas y los movimientos contraculturales que pueden recrear o poner en cuestión los valores culturales consagrados. En todas esas áreas sustantivas del trabajo universitario, tenemos proyectos ambiciosos para desarrollar.

Por otra parte, poco sentido tiene repetir, incluso reflexivamente, la preceptiva reformista, si no nos sirve de orientación para la transformación de la universidad actual, que no sólo mantiene deudas con las versiones más literales de aquellas propuestas, sino, más profundamente, está todavía lejos de entender cuántas nuevas condiciones, locales y globales, obligan a repensar continuamente los instrumentos y procedimientos que regulan y moldean la actividad universitaria. Ninguna de nuestras nobles misiones, en la enseñanza, la investigación y la extensión, podrán ser satisfechas si no nos damos maneras mejores de definir, resolver y evaluar nuestras actividades: la calidad de los procesos pedagógicos, la actualización de la oferta curricular, el mejoramiento de las condiciones y estímulos para la formación y el ejercicio del trabajo docente y de investigación, la evaluación de nuestros profesores por concursos abiertos y el control posterior de su desempeño mediante evaluaciones periódicas, la profundización de políticas inclusivas y para el mejor rendimiento de nuestros alumnos mediante instrumentos de apoyo que permitan aumentar la retención y mejorar las tasas de graduación, y todos aquellos esfuerzos complementarios que profundicen la transparencia, la eficiencia y la idoneidad de los mecanismos para una gestión universitaria de calidad, deberán orientar el esfuerzo de cada uno de nosotros, en estos próximos años, si queremos decir que hacemos bien nuestra parte, la que nos corresponde. Recordarnos aquel legado histórico, con los contenidos propios de nuestros desafíos actuales debiera servirnos para fortalecer nuestro sentido de la responsabilidad universitaria.

Por cierto, al Estado Nacional le compete sostener con políticas de financiamiento y de estímulo al desarrollo de objetivos específicos, el fortalecimiento del sistema universitario estatal. Las universidades grandes, como la nuestra, segunda en tamaño después de la Universidad de Buenos Aires, necesita distribuciones presupuestarias más equitativas dentro del sistema universitario, que atiendan no sólo a sus demandas postergadas de desarrollo sino a sus imprescindibles iniciativas de crecimiento. Nuestra Universidad necesita crear nuevas estructuras académicas y nuevas carreras de grado y posgrado, quiere fortalecer sus núcleos críticos de investigación y promover la investigación en todas las áreas, continuar desarrollando políticas de formación de recursos humanos y de mejora continua de las condiciones de trabajo para su personal de apoyo. Nuestra Universidad se propone también continuar impulsando la formación de posgrado de sus planteles de profesores, promover una mayor calidad de vida estudiantil, apoyar la formación de los profesionales de la salud y la calidad de los servicios asistenciales que presta con infraestructura específica para sus hospitales universitarios, sostener una propuesta cultural independiente y de información pública en sus medios de comunicación audiovisual, asegurar la calidad y la actualización permanentes de sus colegios pre-universitarios, mejorar su infraestructura edilicia y de equipamientos específicos y continuar con la recuperación ambiental y urbanística de nuestra ciudad universitaria, entre otros tantos proyectos.

Creo, por fin, que para llevar adelante bien nuestra tarea sería oportuno reflexionar también sobre algunos fuertes prejuicios que todavía será necesario superar en el futuro, porque que podrían ya no cercenar pero si empobrecer la comprensión de nuestra autonomía y de nuestra concomitante responsabilidad social. En contextos de gran sensibilidad social y de tensiones irresueltas, estos prejuicios podrían paralizarnos. Diversas instituciones, poderes o sectores nos juzgan frecuentemente guiados por esos prejuicios, nosotros mismos, sensibles a esos parámetros, los acatamos muchas veces sin la mayor reflexión: por ejemplo, se afirma que nuestra autonomía debería liberarnos de ciertas responsabilidades extra-universitarias, absteniéndonos de opinar directamente o de tomar parte de ningún proceso o actividad que involucre discusiones o problemas no estrictamente académicos. Ahora bien, se esgrime muy frecuentemente esta opinión para encubrir el deseo de no avalar con nuestra opinión universitaria una posición, del tipo que fuere, con la que se discrepa. Se cree complementariamente que nuestros compromisos con la comunidad sólo debieran desplegarse confiada y abiertamente cuando existen suficientes afinidades con los gobiernos de turno o con las tendencias sociales o culturales dominantes de que se trate, y que por lo tanto corresponde no involucrarse cuando no se comulga con ellas. Claramente esta opinión parece incompatible con la anterior, pero es el caso que se trata de prejuicios complementarios: autonomía irrestricta cuando se quiere preservar la distancia de la universidad de cualquier corriente de opinión dominante, política o social, con la que se discrepa, y compromiso activo, cuando se quiere o espera de la universidad que apoye una u otra línea de pensamiento o acción. No conozco muchas excepciones a estos razonamientos en estos últimos tiempos: de uno y otro lado se espera de nosotros o más silencio o más opinión, según el caso. De lo que se trata, en cambio, es de atrevernos a participar activamente del debate público, con la responsabilidad y los límites que son propios de nuestras posiciones y responsabilidades respectivas y de acuerdo a nuestras formaciones profesionales específicas, sin asumir ni desear unanimidades, sin abdicar de nuestra autonomía ni de nuestra responsabilidad, porque es aquella que tanto da valor a nuestra palabra crítica como igualmente puede otorgar peso a nuestra palabra concordante, todo ello independientemente de las presiones que pueden terminar por silenciar nuestra palabra o por disolverla en un apoyo o en una crítica, sólo circunstancial e interesada.

Nos gustaría creer que podremos avanzar en estas materias para estar cada vez más en condiciones de ejercer con madurez plena nuestra responsabilidad como universitarios. Para alentar ese pensamiento los invito a revalorizar y proteger nuestros progresos y ejemplos de convivencia política interna, de entendimiento entre los sectores, los claustros, las disciplinas, las Facultades, de respeto irrestricto por las opiniones discordantes o por la crítica mordaz. Los invito también a fortalecer las muchas buenas experiencias de entendimiento y cooperación con otras instituciones de nuestro medio, porque todas ellas deberían servir para estimular la confianza de universitarios y no universitarios, en el valor del pluralismo de las ideas, de la construcción democrática de los consensos, y de la posibilidad de lograr resultados concretos cuando se privilegia búsqueda del interés general. Nada nos autoriza a ser mezquinos, mucho menos entre nosotros, a privilegiar nuestras pequeñas diferencias, a repetir lo que hacemos porque ya lo hacemos así, a conformarnos con nuestras inercias o con nuestras dificultades, porque nada de eso tiene que ver con nuestra muy preciada autonomía: sencillamente de ese modo no podríamos justificar el esfuerzo que la comunidad pone en el financiamiento de nuestra actividad ni menos aún responder a sus legítimas expectativas.

Nuestro compromiso seguirá siendo con esos valores, únicos a partir de los cuales es posible el progreso de instituciones como la nuestra y el logro de los objetivos sociales que le dan sentido y razón de ser. Comenzamos esta nueva etapa conscientes que cada uno de las grandes cuestiones que nos esperan, las de siempre y las eventuales que nos hemos propuesto concretar en los próximos tres años, sólo podrán ser abordadas a través de proyectos institucionales para cuya elaboración e implementación todos somos importantes, y en consecuencia todos podemos contribuir positivamente a ellos si sabemos comprender que el interés de cada uno se verá sólo protegido o mejor abarcado cuando el interés común, el de todos, tenga una sostenida y suficiente prioridad. Cuántos sean nuestros progresos, dependerá en alguna medida de todos nosotros. En un sistema de co-gobierno como el nuestro, y en un modelo de democracia participativa como el que convencidamente vamos a seguir propugnando, no debiera esperarse todo de lo que deciden más o menos entusiastamente sus autoridades unipersonales, sólo es necesario contar plenamente con ellas, con sus mejores esfuerzos, para conducir el proceso por el cual podamos hacer entre todos las muchas cosas que nos hemos propuesto.

Me gustaría concluir agradeciendo el trabajo responsable y comprometido del Dr. Gerardo Fidelio, quien me acompañó como Vicerrector, en todo momento, durante estos tres años de trabajo intenso. Quiero también agradecer, en mi nombre y en el de la Vicerrectora, la Dra. Hebe Goldenhersch, el firme apoyo y la conmovedora confianza con la que hemos sido elegidas por nuestra comunidad universitaria para conducir el gobierno de esta casa en los próximos tres años. Pero déjenme inmediatamente agregar a ese agradecimiento, la abierta convocatoria que queremos hacerles a sumar voluntades, desde hoy mismo, para hacer que el trabajo realizado en estos próximos tres años, nos permita llegar a nuestros cuatrocientos años, en el año de 2013, pudiendo exhibir ya no sólo rutinas institucionales consolidadas además de algunos importantes progresos académicos sino una universidad donde la excelencia y la calidad estén mejor distribuidas internamente, una universidad más plenamente democrática y transparente, y en suma, una universidad, que haya sido capaz de ponerse a la altura de su rica historia aportando decididamente a la transformación democrática y a la calidad de vida de su pueblo.

A todos ustedes que nos han acompañado en este importante acto para nuestra universidad, que nos van a acompañar en estos próximos años en la tarea que nos espera, y que han escuchado con atención lo que no ha intentado sino ser una invitación más a la reflexión compartida, muchas gracias.